La Ley de Segunda Oportunidad permite cancelar las deudas de quienes actúan de buena fe y se encuentran en situación de insolvencia. Ofrece una solución para liberarse de las deudas y, al mismo tiempo, para evitar figurar en las temidas listas de morosos.
Se trata de un proceso judicial relativamente ágil que puede culminar con la exoneración de hasta el 100% de las deudas. Sin embargo, ¿qué pasa después de la Ley de Segunda Oportunidad? ¿Qué repercusiones tiene? A continuación, te lo explicamos detalladamente.
Una vez que se abre el proceso de la Ley de Segunda Oportunidad mediante una solicitud presentada ante el Juzgado de lo Mercantil, se desencadenan una serie de consecuencias significativas. A continuación, detallamos los principales efectos de poner en marcha este procedimiento:
- Suspensión de los pagos de las deudas: En primer lugar, el deudor deja de estar obligado a cumplir con el pago de sus deudas, incluso si ya estaba realizando pagos mensuales. Las deudas dejan de ser exigibles durante este periodo.
- Interrupción de intereses y recargos: Al suspenderse las deudas, también se detiene la acumulación de intereses y cargos adicionales que pudieran estar asociados a las mismas. Esto supone un alivio económico considerable para el deudor.
- Detención de embargos: En caso de que existieran embargos pendientes sobre los bienes del deudor, estos se paralizan. Asimismo, si se estuviera llevando a cabo un proceso de reclamación de deuda que pudiera conducir a un embargo, dicho proceso también se detiene. Incluso existe la posibilidad de que las cantidades embargadas previamente puedan ser devueltas.
Cuando se determina que el deudor cumple con los requisitos necesarios para beneficiarse de la Ley de Segunda Oportunidad, se le presenta la opción de elegir entre dos alternativas: seguir un plan de pagos o liquidar su patrimonio.
En esta opción, el deudor tiene la oportunidad de cancelar todas sus deudas pendientes, a excepción de aquellas que no son susceptibles de ser exoneradas por ley, como las relacionadas con pensiones de alimentos o pagos salariales a trabajadores. A cambio, deberá desprenderse de su patrimonio, en caso de poseerlo.
En esta segunda opción, el deudor puede salvaguardar su vivienda familiar y los activos de su empresa. Para lograrlo, deberá cancelar una parte de sus deudas y asumir la responsabilidad de pagar el resto a través de un plan de pagos personalizado. Este plan durará 3 años (5 en algunos casos) y será diseñado teniendo en cuenta las posibilidades reales del deudor, de manera que los pagos puedan realizarse y el deudor pueda salir de la situación de una vez por todas.
Una vez que el Juez aprueba el plan de pagos, todas las deudas que no estén incluidas en dicho plan se cancelarán de forma provisional. Esto implica que esas deudas ya no podrán ser reclamadas al deudor, siempre y cuando este cumpla con el plan de pagos acordado.
Independientemente de la opción que se elija, al finalizar la fase judicial del proceso, se produce la eliminación del registro del deudor en ficheros de morosos y en informes de riesgos financieros. Desde septiembre de 2022, los propios juzgados solicitan a los acreedores la eliminación de los datos del deudor de ficheros como Equifax, ASNEF, RAI y otros.
Además, los datos del deudor dejarán de estar presentes en la base de datos de la CIRBE (Central de Información de Riesgos de España).
Esto es sumamente beneficioso para el deudor, ya que le brinda la oportunidad de empezar de nuevo con un historial crediticio limpio y sin la carga de aparecer como moroso en los registros financieros. Esto es un paso fundamental para poder acceder a nuevos créditos, préstamos o realizar cualquier otra transacción en el futuro sin las limitaciones que conlleva estar en dichos ficheros o bases de datos.
Uno de los mayores miedos de aquellos que se preguntan ‘¿qué pasa después de la Ley de Segunda Oportunidad?’ es que sus deudas se reactiven y se las vuelvan a reclamar.
Aunque no es habitual, es algo que puede pasar, ya que la exoneración de deudas obtenida a través del proceso de segunda oportunidad es revisable durante un período de 3 años. En otras palabras, el juzgado puede revisar el caso si los acreedores lo solicitan.
Esta revisión puede ocurrir si se sospecha que el deudor no ha actuado de buena fe o si ha recibido una herencia, un premio u otros ingresos imprevistos y no los ha comunicado. En tales casos, el juzgado puede reevaluar la situación y decidir si es necesario modificar los términos de la exoneración o si se deben restablecer las obligaciones de pago originalmente canceladas.
Sin embargo, una vez que se cumple el plazo de revisión de 3 años y el deudor ha cumplido con su plan de pagos (en caso de haber optado por esa opción), quedará definitivamente liberado de todas sus deudas. Esto significa que ya no se le podrá exigir el pago de las deudas que habían sido canceladas mediante la aplicación de la Segunda Oportunidad, en ningún caso.
La exoneración definitiva de las deudas brinda al deudor una oportunidad real de comenzar de nuevo, con un futuro financiero libre de cargas. Sin embargo, es fundamental que el deudor cumpla con todas sus obligaciones y actúe de buena fe durante el proceso, ya que cualquier incumplimiento o falta de transparencia puede poner en riesgo la exoneración y llevar a la reapertura del caso.
Es fundamental destacar la importancia de contar con el apoyo y asesoramiento de abogados especializados en el proceso de segunda oportunidad. Estos profesionales poseen el conocimiento jurídico necesario para guiar al deudor a lo largo de todo el procedimiento y garantizar que se cumplan adecuadamente los requisitos legales.
Un abogado especializado en segunda oportunidad podrá analizar la situación financiera del deudor, evaluar las mejores opciones disponibles y diseñar una estrategia legal sólida. Además, podrá representar al deudor ante el juzgado y los acreedores, asegurándose de que se respeten sus derechos y se obtenga el mejor resultado posible.