El expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) es un mecanismo legal que permite a las empresas suspender de manera temporal los contratos de trabajo o reducir la jornada laboral de sus empleados.
Su finalidad principal es evitar despidos definitivos en situaciones económicas adversas o de fuerza mayor. Este instrumento está regulado por el Estatuto de los Trabajadores y ha sido ampliamente utilizado durante crisis como la del COVID-19.
Las causas que pueden motivar un expediente de regulación temporal de empleo incluyen razones económicas, técnicas, organizativas o de producción.
Además, también se contempla la causa de fuerza mayor. En cualquiera de los casos, la empresa debe justificar documentalmente la situación para que sea aprobado por la autoridad laboral.
Para las empresas, el expediente de regulación temporal de empleo representa una solución flexible ante una caída temporal de ingresos.
Permite ajustar costes laborales sin recurrir a despidos, mantener la estructura empresarial y optar a ayudas y subvenciones que alivien su situación financiera.
Pese a sus ventajas, un expediente de regulación temporal de empleo también puede generar tensiones con los trabajadores y dañar la imagen corporativa.
Además, si la situación de insolvencia persiste, la empresa podría verse obligada a iniciar un concurso de acreedores, con implicaciones más graves para su viabilidad.
El trabajador mantiene su vinculación contractual con la empresa y puede acceder a la prestación por desempleo durante el periodo de suspensión.
Asimismo, el tiempo en ERTE computa como cotizado, lo que permite preservar derechos como la jubilación o la prestación por maternidad o paternidad.
Los empleados afectados por un expediente de regulación temporal de empleo ven reducidos sus ingresos y pueden sufrir inestabilidad emocional. En algunos casos, esta situación desencadena problemas de endeudamiento o estrés por deudas.
Si el expediente de regulación temporal de empleo no logra resolver la situación de insolvencia de la empresa, esta puede tener que acogerse al concurso de acreedores.
En este escenario, la empresa deberá presentar un plan de pagos o liquidación para evitar consecuencias legales y asumir su responsabilidad como administrador.
Los trabajadores también pueden verse gravemente afectados por un expediente de regulación temporal de empleo.
En estos casos, es posible acogerse a la Ley de la Segunda Oportunidad para cancelar total o parcialmente sus deudas. Esta normativa está dirigida a personas físicas en situación de insolvencia generalizada.
Para poder beneficiarse de esta normativa, los trabajadores deben cumplir una serie de requisitos específicos, como demostrar buena fe y no haber cometido delitos económicos.
Un asesoramiento adecuado permite iniciar el proceso con garantías.
Antes de dar el paso, es recomendable utilizar un simulador de la Ley de la Segunda Oportunidad que permita conocer la viabilidad del proceso según el perfil del interesado.
Esta herramienta es gratuita y ayuda a tomar decisiones informadas.
Las consecuencias de un expediente de regulación temporal de empleo pueden ir más allá de lo económico. Muchas personas desarrollan ansiedad por deudas, estrés o incluso depresión.
Por ello, la Ley de la Segunda Oportunidad se convierte en una vía de escape emocional y financiera para quienes desean recuperar su tranquilidad.
El expediente de regulación temporal de empleo es una herramienta transitoria que puede dar un respiro tanto a empresas como a trabajadores.
No obstante, cuando esta medida no es suficiente, existen opciones como el concurso de acreedores o la Ley de la Segunda Oportunidad que permiten rehacer la situación financiera.
Todos merecemos una segunda oportunidad para solucionar nuestras deudas sin que ello implique perder la salud mental. La información y el asesoramiento adecuados son claves para tomar el control.
Para empezar hoy mismo el camino hacia la tranquilidad, puedes consultar esta guía del deudor donde encontrarás todo lo necesario para recuperar tu estabilidad.