Para poder cerrar una empresa con deudas existen dos opciones:
1. Pagando las deudas.
2. Sin pagar las deudas.
En ambos casos, lo importante es hacer las cosas bien para evitar la responsabilidad del administrador.
La decisión de cerrar una empresa o negocio casi siempre tiene una causa común:
El negocio no puede afrontar las deudas existentes y/o futuras.
La diferencia en el proceso de cierre, la marca la solvencia actual para poder afrontar las deudas existentes:
1. La empresa tiene recursos para poder pagar sus deudas.
2. No existen recursos para poder afrontar las deudas de la empresa.
La empresa con suficientes reservas en su activo como para poder afrontar sus deudas, puede cerrar a través de un proceso de disolución.
Se podría decir que este es el supuesto deseable. Una empresa o negocio, puede dejar de ser rentable y decidir o no cerrarla a tiempo, supone la diferencia entre poder pagar o no a los acreedores.
Para poder cerrar una empresa con deudas pero con activos suficiente como para hacer frente a las mismas, el trámite es puramente administrativo. Se precisará la aprobación de un acuerdo social de disolución de la sociedad. Para ello será necesario cumplir una serie de requisitos establecidos en la legislación mercantil.
Además del acuerdo de disolución, debe elaborarse un balance de liquidación y afrontar el pago de las deudas mediante la propia tesorería existente o a través de la liquidación de activos. Finalmente, será el notario el que eleve a público el acuerdo de disolución que posteriormente se inscribirá en el Registro Mercantil.
Efectivamente, la empresa que puede pagar todas sus deudas, puede cerrar mediante el proceso de disolución. Sin embargo, eso no significa necesariamente pagar la integridad de las deudas.
Cabe la posibilidad, ante una situación de dificultad financiera, llegar a un pacto con los acreedores de la empresa. El acuerdo puede consistir normalmente en un plan de pagos o incluso quitas o reducciones sustanciales de la deuda.
Dentro del mundo empresarial, frecuentemente se tejen interconexiones que permiten pactar acuerdos o compensaciones que permiten acuerdos ventajosos. Esos acuerdos no siempre se reducen a pagar o cobrar una deuda, sino que integran muchas más opciones de contraprestación.
Entre otras alternativas, existe la posibilidad de ceder activos de la empresa, fondo de comercio, recolocar trabajadores, traspaso del negocio así como la renuncia, cesión o adquisición de derechos de cualquier tipo.
Cerrar una empresa que no puede pagar sus deudas, también es posible, pero a través del procedimiento concursal.
Las circunstancias del mercado, la mala suerte, o incluso una decisión poco afortunada, pueden provocar la necesidad de cerrar una empresa sin poder atender los pagos. Eso no solo es posible sino también frecuente. No hay que desesperarse ni forzar la continuidad de la empresa hasta límites que empeoren la situación.
Existen muchas oportunidades de negocio y la posibilidad de volver a emprender desde cero. Sin embargo es muy importante que los administradores o responsables de una empresa que tiene que cerrar, lo hagan bien. De lo contrario, se les podría inhabilitar para el futuro ejercicio de cargos empresariales o incluso derivar la responsabilidad civil por las deudas de la empresa.
En este tipo de situaciones, donde la empresa no puede afrontar sus deudas, es obligatorio que el administrador o el órgano de gobierno de la empresa, presente concurso de acreedores en un plazo de 2 meses. De no hacerlo, podría tener que responder él mismo por las deudas de la empresa con su patrimonio personal.
Iniciar un procedimiento de concurso de acreedores no es más que una fórmula legal para poder solucionar de forma ordenada, las situaciones de insolvencia empresarial.
Una vez dentro del procedimiento concursal, se prevé una doble solución:
1. Reflotar empresas viables a través de un plan de pagos pactado con los acreedores que puede incluir quitas.
2. Liquidar la empresa para su cierre definitivo mediante la venta de activos para hacer frente a las deudas en la proporción correspondiente.
Si el concurso desemboca en liquidación, la empresa terminará cerrándose definitivamente, extinguiéndose las deudas que no se han podido afrontar tras el proceso de venta de activos. El cierre de la empresa por liquidación, se inscribirá en el Registro Mercantil.
Sin embargo, el administrador de la sociedad o los responsables del órgano de gobierno de la misma, podrían tener que responder por las deudas sociales con su patrimonio personal. Eso ocurre cuando no se han cumplido las obligaciones inherentes al cargo, entre las que está la presentación del concurso de acreedores dentro del plazo de 2 meses establecido legalmente.
Por ello, es de vital importancia estar bien asesorado legalmente a fin de evitar el riesgo de derivación de responsabilidad civil contra los responsables de la empresa.